Memoria, Verdad, Justicia

 

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas, acompañadas por parte de la sociedad, dieron un golpe cívico-militar. Alentadas, apoyadas y aplaudidas por la Sociedad Rural, los grandes medios masivos de comunicación, la cúpula de la Iglesia Católica, la Unión Industrial Argentina, las empresas transnacionales, la banca nacional, el FMI, el Banco Mundial, etc. Los militares tomaron el gobierno para poner en marcha lo que Rodolfo Walsh define, con meridiana claridad, cuando expresa en su Carta Abierta a la Junta Militar en marzo de 1977: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Planificar la miseria requería de otras planificaciones: planificaron la muerte y el terror, planificaron la entrega del país, planificaron el robo de bebés, etc. Sin embargo, no pudieron planificar la resignación de quienes resistieron como pudieron, de quienes arrollaron las banderas pero no las cambiaron, de quienes se silenciaron para no olvidar.

Este proyecto de terror, miseria y entrega pergeñado bajo los designios del “Consenso de Washington” y resistido por las organizaciones populares, empieza a desmembrarse a partir de 2003. Hoy, a 36 años del golpe genocida, hemos levantado las banderas y retomado el rumbo que nos marcan los/las 30 mil compañeros/as desaparecidos/as, junto a quienes siempre se jugaron: las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.

Recuperar el rumbo de las grandes mayorías populares ha significado que más de cien nietas/os han recuperado su identidad, que nuestros viejos/as se han podido jubilar, que miles de pibes y pibas vuelvan a la escuela, que cientos de genocidas ya fueron condenados y miles están procesados, que miles de jóvenes volvieran a creer y a participar en política, que se consolide cada vez más la patria grande que soñaron San Martin, Bolívar, Artigas, etc.

Honrar la vida y la memoria de quienes desaparecieron, es asumir el compromiso, continuar aportando en la organización de las demandas sociales, construyendo poder popular, promoviendo nuevos debates e incluso asumiendo puestos de dirección y ejecución de nuestras propias políticas.

Si no lo hacemos iremos “a la retranca” de las políticas que asumió el Estado Nacional a partir del 2003 cuando reinstaló el debate sobre lo ocurrido al derogar las leyes de impunidad, trabajó junto a los Organismos de Derechos Humanos en la conservación y transmisión de la memoria y promovió fuertemente la verdad y la justicia a través de los juicios a los asesinos.

En el 2011 estos juicios cobraron gran impulso, algunos emblemáticos como la causa del “Vesubio”, de la ESMA, de “La Cueva”. Durante este año van a continuar otros juicios y para la UnTER es de vital importancia el segundo juicio de “La Escuelita de Neuquén”, a iniciarse el 28 de marzo, en el cual declarará como testigo – sobreviviente el primer Secretario General del sindicato, Luis Genga. Recordamos que para asistir a estos juicios la docencia y estudiantes mayores de 18 años, gozarán del no cómputo de inasistencia (Artículo 25º Resolución 233/98), según lo establecido en el Acta Paritaria del 06/09/2011 entre el Ministerio de Educación y la UnTER.

Proponemos entonces, trabajar en cada escuela, con las niñas, niños, adolescentes y las personas adultas, para profundizar esta temática, investigando y produciendo materiales que aporten a la construcción de una patria para todos y todas.

Desde el Consejo Directivo Central, CDC, invitamos a compartir las distintas actividades generadas en todas las instituciones, en los actos a realizarse en cada localidad.

Juan Carlos Carreño, Secretario Gremial y de Organización, UnTER
María Cristina Bay, Sec. de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades, UnTER
Alberto Cacopardo, Secretario de Finanzas, UnTER
Oscar Muños, Director de la Escuela de Formación Permanente
Pedagógica, Político Sindical y Ambiental “Rodolfo Walsh”, UnTER